Comerciante de Francisco I. Madero Pide Intervención del Presidente del Poder Judicial por Presunto Favoritismo de Juez Civil

Una comerciante y ama de casa de Francisco I. Madero, Coahuila, ha elevado una queja formal al Presidente del Poder Judicial del estado, Miguel Mery Ayup, así como al Consejo de Judicatura y al Congreso del estado, en busca de intervención ante lo que denuncia como un claro favoritismo por parte de un Juez Civil con Distrito en San Pedro, Coahuila.

Milagros del Carmen Pérez Reyes, la comerciante afectada, señala que el Juez Civil Alfredo Palacios Campos ha declarado incompetentes las demandas presentadas en contra del presunto abuso de poder ejercido en su contra y en contra de su patrimonio. Pérez Reyes afirma que aún persisten las trabas en los procesos judiciales, a pesar de las denuncias presentadas ante las instancias correspondientes.

La quejosa relata que fue víctima de abuso de poder y agresión física por parte de funcionarios municipales, liderados por el actual presidente municipal, Jonathan Avalos Rodríguez, y algunos locatarios. Alega que fueron despojados de su patrimonio, específicamente de servicios de baños públicos que ella construyó y administró legalmente en el mercado municipal.

La situación se complica debido a la relación consanguínea del entonces secretario del ayuntamiento, Oscar Palacios Campos, con el juez encargado del caso, lo que según Pérez Reyes, constituye un claro conflicto de intereses. Estos hechos, asegura, han causado graves daños económicos y morales a su familia, así como agresiones y burlas por parte de la contraparte.

En su solicitud de intervención, Pérez Reyes enfatiza el compromiso del Gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, con el empoderamiento de las mujeres y la justicia. También espera que el Congreso del estado tome medidas para corregir las presuntas fallas legales que permiten el abuso de poder.

La queja presentada por Milagros del Carmen Pérez Reyes representa un llamado a la justicia y la equidad en la aplicación de la ley, en un contexto donde la transparencia y la imparcialidad son fundamentales para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos.

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