Regularización
de los vehículos ilegales
Por Fernando Rangel de León
El pasado 27 de junio, en Tijuana,
Baja California, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a solicitud de miles de interesados
en la frontera y en el país, propuso la regularización de los
vehículos introducidos ilegalmente a México, mejor conocidos como
“chocolate”, por lo de “chuecos”; y después de más de tres meses y medio, este
fin de semana estará en esa ciudad para dar a conocer la entrada en vigor del
decreto presidencial que legaliza esos vehículos en todo el territorio
nacional, y que suman millones.
El problema de los vehículos “chocolate”, fue
originado entre otras causas por la corrupción de los gobiernos federales
anteriores al actual, que permitieron su entrada ilegal aquí sin
pagar los derechos de importación, a cambio de fuertes “mordidas”, que llegaron
a casi “institucionalizarse”, a ciencia y paciencia de los otros dos
ámbitos de gobierno; lo que representó un filón de oro para
funcionarios y para dirigentes de organizaciones defensoras de los dueños de
esos vehículos.
Los vehículos “chocolate” vinieron a solucionar el
problema de la necesidad de transporte particular para los
trabajadores, campesinos y personas de las grandes mayorías, cuyos ingresos
no les permitían comprar vehículos usados, semiusados y nuevos, por
su alto precio que se inflaba por los impuestos federales, como el Impuesto
Sobre Autos Nuevos ISAN, el Impuesto sobre Valor Adquirido IVA, etcétera; pero
los vehículos “chocolate” también fueron utilizados para cometer delitos, por
estar fuera de todo control fiscal.
Este decreto regulatorio tendrá vigencia no
solamente en los estados fronterizos de Baja
California (incluyendo toda la península), Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; sino que también se aplicará en todo el
territorio; y lo que se recaude por la regularización se destinará al bacheo de
ciudades y carreteras.
Los vendedores establecidos de vehículos
nuevos, seminuevos y usados, están inconformes con este decreto; pues
creen que se van a legalizar los vehículos que se introduzcan al país con
posterioridad a la entrada en vigor del mismo; lo cual no va a ser así; toda
vez que únicamente se regularizarán los vehículos que ya estaban aquí en
México, en el momento de que este decreto inicie su vigencia; pues el gobierno
de AMLO, es conciente de que hay que cuidar la planta productora
automotriz en el país, las miles fuentes de empleo que requiere esta industria,
la actividad comercial de los vendedores de vehículos hechos en México e
importados, que pagan todos su impuestos.
Este es un decreto que
quiere solucionar un problema, que quiere dar seguridad
jurídica y patrimonial a los dueños de los vehículos “chocolate”, y hacerlos
que paguen los impuestos justos que fijen las leyes, para destinarlos a
realizar obras públicas de urgente necesidad, como lo es la pavimentación
de los miles de “baches” que tanto dañan a los vehículos.