Fernando Rangel de León
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a manifestación de un grupo de personas es un
derecho humano garantizado por la Constitución; como la que ocurrió el pasado
domingo 7 de junio (día de la libertad de expresión), en la Plaza Mayor de
Torreón, en la que jóvenes, entre ellos dos muchachas una de 14 años y la otra
de 17, se manifestaban contra la brutal represión policiaca que originaron la
muerte de Giovanni López, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y George
Floyd, en Minneapolis, Minnesota, y que por haber hecho pintas en las paredes
de la Presidencia Municipal y en el monumento a Benito Juárez,fueron llevadas a la ergástula municipal y puestas a
disposición de un juez calificador, porque en principio esos hechos fueron
considerados por los agentes de la policía como faltas administrativas.
Las faltas administrativas son
violaciones a las normas de los bandos de policía y buen gobierno o reglamentos
municipales, que buscan el orden, la paz, y la seguridad pública, en los
municipios, cuya infracción se sanciona con multa o en su defecto con 36 horas
de detención.
Pero como los hechos parecían
tipificar el delito de daños en propiedad ajena, por la “pintarrajeada”,
entonces los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el
que no encontró delito alguno y los puso en libertad.
La verdad es que ahorita el
Gobierno de los tres niveles en el país no quiere nada con las manifestaciones
contra las represiones policiacas, porque se convierten en un asunto político,
y a los Gobernantes les interesa más conservar sus puestos públicos y hacer
carrera política que defender los intereses de la población; y por eso en este
caso de Torreón, esa “papa caliente”, se la aventó el municipio al estado y
éste la tiró, liberando inmediatamente a los detenidos.
Está de moda que las
manifestaciones en contra de las represiones policiacas, se vuelvan un “círculo
vicioso”; por lo que para acabar con él es conveniente que las manifestaciones
sean en orden y respetuosas, sin causar daño alguno a las personas y a los
bienes; y que los policías usen todo su sentido común, su mejor criterio, y el
más adecuado manejo de la situación, lo mejor posible para que no abusen ni un
ápice de su autoridad y su actuación sea lo más apegado posible al respeto irrestricto
de los derechos humanos y a la Constitución, para que no sea arbitraria.
Pero todavía más importante que lo
anterior es que se supriman las causas originantes de las manifestaciones, que
son la inseguridad pública y la injusticia del sistema.