Fortalecer el
estado de derecho
Marcelo Torres
Cofiño
El World Justice Project presentó su Índice de
Estado de Derecho en México 2019-2020. Se trata de un riguroso estudio
académico que evalúa ocho factores (límites al poder gubernamental, ausencia de
corrupción, Gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad,
cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal) en las 32 entidades
federativas del país, para diagnosticar los avances y retrocesos que tienen en
la materia.
De acuerdo con el estudio, Coahuila se ubica en la
sexta posición a nivel nacional, con una calificación de 0.43, apenas cuatro
centésimas por encima de la media nacional y tres centésimas por debajo de
Yucatán, entidad que se encuentra en la cima de la tabla.
Es fundamental entender que sin un estado de
derecho sólido las posibilidades para el desarrollo se reducen. Pero también se
ponen en riesgo la democracia y sus instituciones, sobre todo, por el desgaste
que la falta de aplicación consistente y sistemática de las leyes ocasionan, en
términos de la credibilidad. Reconozcámoslo: la ciudadanía desconfía de las
instituciones públicas, lo que no trae realmente ningún beneficio para nadie
En particular, debe pre-ocuparnos lo que la
debilidad del estado de derecho le hace a la capacidad de atraer inversiones
productivas. Resulta obvio que, ante el elevado riesgo que supone, los dueños
de los capitales prefieran ir a otros lugares en donde sus propiedades y su
propia integridad estén garantizadas. Hay que insistir en que la única vía real
para generar riqueza y reducir las desigualdades es la creación de empleos en suficiencia
y bien remunerados.
En el caso particular de Coahuila, es muy
importante dar prioridad a aquellos factores que salieron con una evaluación
menor. Se trata de Ausencia de corrupción (0.35); Justicia civil (0.37) y
Cumplimiento regulatorio (0.38). No es, de ninguna manera extraño, que la peor
calificación sea la relativa a la corrupción.
La megadeuda y las empresas fantasma de los
hermanos Moreira no solo destrozaron la sanidad financiera de la entidad, sino
que, también, nos estigmatizaron. A nivel nacional e internacional nuestro
estado es reconocido por sus escándalos, pero más aún, por la impunidad de la
que siguen gozando.
Con respecto a la Justicia civil, en muy importante
que jueces y magistrados se esfuercen en hacer más accesibles y expeditas sus
actuaciones en la materia. Ayudaría mucho a incrementar su credibilidad la
decisión de transparentar sus sentencias.
Finalmente, los legisladores debemos redoblar
nuestra labor para que las regulaciones sean fáciles de entender y de cumplir.
En Coahuila, ya hemos estado trabajando en ese sentido de la mano de los grupos
empresariales de la Región Sureste. Pero, no debemos aflojar el paso.
Una mayor fortaleza en el estado de derecho
contribuirá, sin duda, a mejorar la competitividad de nuestra entidad y
beneficiando a todas sus regiones.. Sé que no son los tiempos más propicios
para el país, pero, como he venido insistiendo, en Coahuila tenemos con qué.
Frenemos la corrupción, perfeccionemos nuestro sistema judicial y cumplamos con
las regulaciones. Está en nuestras manos.