Periódico 4º. Poder
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La arbitraria disposición de dejar sin agua a
cientos o quizás miles de alumnos de Lerdo al cortársele a los planteles el
suministro de agua potable, es, verdad, una violación a los derechos humanos.
Sabido es -o debiera saberse- que el agua potable
es un derecho de todos y las autoridades están limitadas en su actuar para
cobrar su extracción y distribución pues hasta a los deudores más tercos y
decididos a no pagar, quienes suministran el vital -escúchese bien, vital
liquido- tienen prohibido suspender la dotación; cuando mucho puede limitarse
el servicio.
Y si ello lo sabemos quiénes somos neófitos en el
asunto, más lo debieran saber los que tienen la responsabilidad de manejar un
departamento municipal de tal envergadura.
Entonces, o el director del SAPAL en Lerdo, Durango
es un ignorante de lo que hace o debe hacer el personal bajo sus órdenes o
siguió órdenes ciegamente de las autoridades municipales que demostrarían no sólo
ignorancia, sino estupidez
En el organigrama municipal, se supone, hay gente
con experiencia en la cosa pública; entre el síndico los regidores debe ponerse
por delante el interés ciudadano pues de lo contrario el cabildo estará convertido
en un grupo inútil o peor aún en una pandilla de incondicionales de intereses o
caprichos muy alejados del interés social.
Si la orden de actuar de esa manera viene del
alcalde o del tesorero municipal, sería éste el primer yerro de consecuencias
que pudieran resultarles de gravedad porque, si quiere, el gobierno estatal
podría meterlos no sólo a un problema de derechos humanos gravísimo ya de por
sí, sino a litigios de otra índole que los dejará mal parados ante la opinión
pública y ante autoridades superiores